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Facultad de Ciencias Económicas



Victor Castaneda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víctor Castañeda, profesor de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la FCE UN. 

 

 

La decisión de la compañía estadounidense Standar & Poor’s de bajar la calificación del país de BBB a BBB-, el pasado 12 de diciembre, es algo que se esperaba desde el año anterior, debido a los cuatro periodos seguidos de desaceleración económica y, más aún, a la puesta en marcha de la reforma tributaria del 2016, que en vez de ser estructural, integral y progresiva fue básicamente fiscalista. De esto está convencido Víctor Castañeda, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y experto en temas tributarios.     

 

De acuerdo con el experto, el país afronta un problema estructural de recaudación de impuestos, de modernización institucional de la DIAN y de información fiscal que no ha querido ser atendido a fondo por los gobiernos de turno. Lo más preocupante, afirma, es que algunos precandidatos presidenciales están planteando soluciones que agudizarían la situación y no ayudarían en nada para mantener la confianza de las calificadoras de riesgo.

 

“La actual reforma no tuvo nada de estructural porque no analizó todas las herramientas de gasto público o de política fiscal y lo único que hizo fue crear una comisión de expertos para que dieran sus análisis, sin hacerlos vinculantes. Tampoco fue integral porque no resolvió la baja tributación de los entes municipales y departamentales; mucho menos fue progresiva porque centró la recaudación en el IVA”, analiza el profesor Castañeda.

 

En su opinión, el gran reto del próximo gobierno será buscar la fórmula para cerrar la brecha entre ingresos y gastos, teniendo en cuenta que recortar el gasto público es difícil en el corto plazo. En ese sentido, la tarea debería centrarse en aprovechar las herramientas que hoy están disponibles para, por ejemplo, poner en cintura a los evasores, puesto que por culpa de ellos el país pierde al año cerca de 40 billones de pesos por no pago del IVA y el impuesto a la renta.

 

“Eso es grave, porque equivale a casi el 33 % de la recaudación total, y es también preocupante si se considera que en los próximos dos años se espera una caída de la recaudación a causa de la desaparición del impuesto a la riqueza y de la sobretasa del impuesto de renta empresarial, que se redujo del 6 al 4 %, y en el 2019 desaparecerá”, explica el investigador.

 

Otra medida que se debería poner en marcha en corto tiempo es la reestructuración de la autoridad tributaria. El profesor Castañeda asegura que son varios los problemas por resolver: por un lado, la falta de personal, debido a que en la actualidad la DIAN tiene 10 funcionarios por cada 100 mil habitantes, mientras Chile tiene 25 y Argentina 40 para atender esa misma cantidad de población. Por otro, la anticuada tecnología; en este aspecto urge actualizar y unificar los software y hardware que utiliza la entidad para su trabajo. De hecho, el artículo 321 de la Reforma dejó expuesta la necesidad de modernizar la DIAN en todos estos aspectos. “Es algo que está en mora de plantearse. Esto supondría que el mismo director de la DIAN ya debería haber presentado ante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) un proyecto en tal sentido”.

 

Por último, afirma el académico, la modernización también tiene que ver con identificar nuevos instrumentos que permitan encontrar aquellos omisos del sistema; por ejemplo, personas naturales, como los comerciantes, que mueven su dinero en efectivo y pasan por debajo del radar de la DIAN. Esto tendría que ir unido, además, a modelos más simplificados que permitan facilitar y agilizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para Castañeda, si no se toman esta clase de medidas estructurales siempre faltarán fondos para promover el desarrollo del país y el cumplimiento de los acuerdos de paz.

 

 

* Vea la video columna del profesor Víctor Castañeda sobre este tema